Frente a los acontecimientos de Yare I: basta ya de muertes en la cárcel

Una vez más la pena de muerte no legalizada que funciona en nuestras cárceles, se cobra la vida de nuestros hijos. Los terribles acontecimientos ocurridos en la cárcel de Yare I, en que fallecieron al menos 26 personas, entre reclusos y familiares, nos echa en cara lo que siempre el resto de la sociedad ha intentado olvidar: el sufrimiento y la tragedia cotidiana que viven decenas de miles de jóvenes por el simple de hecho de ser pobres y estar presos. 

Si queremos cambiar esta sociedad injusta por una solidaria y de iguales, deberíamos empezar por la cárcel. La cárcel: símbolo viviente del capitalismo, en que la vida humana es una mercancía, en que los miles de presos, que se suponen que deben estar resguardados por el Estado, se convierten en un negocio de los que otros sacan dinero, el fiscal abusivo, el abogado vagabundo, el juez corrupto, el guardián inescrupuloso, el funcionario ladrón, el oficial que trafica armas y drogas…. Los peores delincuentes no son los que están presos, sino los que engordan sus bolsillos gracias a los que están presos.

Cada vez que ocurre una tragedia como ésta lo primero que se intenta es culpar a nosotros, los familiares, acusándonos de que somos las que metemos las armas y las drogas. Como si cualquiera que haya visitado un penal no supiera que es imposible que entre así sea un alfiler sin complicidad de la guardia. O culpan a los presos que tienen el control de las cárceles, sin darse cuenta de que esos muchachos en realidad son usados por los verdaderos pranes, los que están afuera, los que mueven el multimillonario negocio en que se ha convertido la prisión, que dividen a los presos y los ponen a pelear entre ellos para evitar que se organicen y luchen unidos por sus derechos. Si existen pranes y carros es porque el Estado ha abandonado la cárcel, ha volteado a otro lado mientras sigue metiendo indiscriminadamente en prisión al que es y al que no es. Si existen violencia, armas y drogas es porque son los poderosos los que las meten, las trafican, se las venden a los presos. Culpar a familiares y presos es no querer ver el problema de fondo, es ocultar las verdaderas causas y proteger a los verdaderos culpables, es como decir que los pobres son los culpables de la pobreza.

La corrupción de los funcionarios que se lucran a costa de nuestros hijos, que trafican con sus vidas y su libertad, que meten las armas y las drogas en los penales, que hacen dinero con el retardo procesal, que hasta de una lata de agua sacan provecho, es igual y peor que los capitalistas que durante tanto tiempo han empobrecido a nuestro pueblo. Por eso creemos que no habrá socialismo si en la cárcel sigue floreciendo, al amparo de funcionarios del propio Estado, el capitalismo más salvaje y cruel, el que mercadea con la vida de nuestros muchachos.

No es verdad que en la cárcel estén los criminales peligrosos. Como demuestran los propios datos del Ministerio de Servicio Penitenciario, la mayor parte de la población penal está presa por delitos menores. Ni hablar de los delincuentes de cuello blanco y de los criminales poderosos, que nunca pisarán un penal, ni de los corruptos que son los culpables del desastre carcelario, que nunca irán presos, ni los grandes traficantes de armas y drogas, que siempre contarán con la protección de una justicia que aún sirve a los poderosos para fregar a los pobres.

Si la cárcel es una tragedia, si la cárcel es muerte y violencia, es porque la cárcel es un gran negocio: negocio político para aprovecharse del miedo de la sociedad y buscar votos, negocio económico para sacar jugosas ganancias. Un negocio político, pues se hace creer que mandando más gente a la cárcel la sociedad estará más segura, y la sociedad cree que llenando las cárceles de jóvenes pobres se librará del delito. Así, tanto alcaldes y gobernadores de la derecha como las autoridades del gobierno revolucionario coinciden, mandando cada vez más gente presa como respuesta a las demandas de seguridad. Pero lo que ocurre es lo contrario: las cárceles producen delito y crean delincuentes. El que entra por un delito pequeño se convierte en un profesional del crimen. La prisión crea criminalidad, aumenta el número de delitos, hace crecer la inseguridad. Mientras más gente mandemos a prisión, más delincuentes estaremos creando.

Las cárceles son un negocio económico. El ingreso de armas y drogas, el negocio con los traslados, la extorsión a los familiares que tienen que pagar para garantizar la vida a su preso, la corrupción judicial… el preso es una mercancía de la que muchos se lucran. Un negocio que manejan los que no están en la cárcel.

Yare I es un ejemplo de todo esto. Con una población que supera su capacidad, los responsables de custodiar la prisión habían permitido el ingreso de armas y municiones, promoviendo una guerra absurda entre los reclusos para llenarse de dinero. Además, se habían prohibido los traslados a los tribunales para presionar a los reclusos y sacarles dinero. Así que los que quieren culpar a los presos y la los familiares, están encubriendo a los verdaderos culpables y ocultando las verdaderas causas.

Mientras se siga mandando a la cárcel gente que no debería estar ahí o que podría recibir otra tipo de medida que de verdad contribuya con su rehabilitación, mientras que algunos se lucren con que las cárceles estén repletas de gente, no acabará la violencia. Cada vez habrá más Yare. No habrá ni transformación ni humanización.

Por eso exigimos que se deshacinen las cárceles, acelerando los procesos, otorgando beneficios a quienes corresponde, evitando que entren a la prisión muchachos que no deberían estar ahí, usando medidas alternativas, que en otros lados se ha demostrado que son mucho más efectivas que la prisión, fábrica de delincuencia, para reducir el crimen. Por eso exigimos que se castigue a los que están detrás del negocio carcelario, al oficial que manda a los guardias a que metan armas y drogas, al director de penal complice, al juez que retrasa la audiencia, al funcionario corrupto.

Nos desmarcamos de aquellos que quieren utilizar estos tristes eventos como bandera política, los otros mercaderes de la vida de nuestros hijos, que se aprovechan de nuestro dolor para proselitismo electoral o vendetas políticas.

Reclamamos que haya justicia, que se investigue seriamente lo ocurrido, se sancionen a los responsables, pero al mismo tiempo entendemos que solo un gobierno comprometido con los pobres y la justicia podrá transformar la situación de las cárceles, pues las prisiones son el rostro más extremo de la injusticia y la pobreza. Por eso nos negamos a que se intente instrumentar con otros fines los justos reclamos de los presos y de los familiares.

Exigimos:

Que se investiguen los recientes sucesos de Yare I y en otros penales del país, y se sancione a los responsables.

Que se constituyan los tribunales móviles de manera permanente, y no sólo por unos días cada vez que se produce una tragedia.

Que se otorgue beneficio inmediato a aquellos reclusos que han cumplido el tiempo y reúnen las condiciones.

Que se garantice el juicio en libertad para aquellos casos (la gran mayoría) que podrían ser procesados sin pasar por prisión, como lo prevé el COPP.

Que se aplique lo previsto en la Constitución, de usar sanciones penales alternativas a la prisión.

Que se impulsen medidas que favorezcan la reinserción laboral de los privados de libertad una vez salen de la prisión, para que tengan una oportunidad de vivir fuera de la violencia.

Que se detengan las requisas degradantes, donde muchas veces desaparecen los bienes que llevamos a nuestros familiares.

Que se realice asistencia médica adecuada a nuestros internos, muchos de ellos en situaciones degradantes, proclives a epidemias que ponen en riesgo su vida.

Que se realice una seria clasificación de los internos por delitos, impidiendo que la carcel siga siendo un depósito de personas y una escuela de violencia.

Que se detengan los traslados arbitrarios, especie de pena de muerte para nuestros internos, que además los alejan de los tribunales en que se realizan los juicios y de sus familiares.

Que se investiguen y sancionen a los verdaderos responsables del ingreso de armas y drogas a las prisiones. Cuando caiga el primer general, y no sólo el raso que hace le mandado, empezaremos a tener confianza en que se va a enfrentar a las mafias penitenciarias.

Que se impulse una lucha frontal contra la corrupción policial y judicial que vicia y alarga los procesos de nuestros familiares.

Plataforma de los de Abajo por la Justicia y el Respeto